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Senado reasigna atribuciones anticorrupción a la SFP, dictamen se turna al Ejecutivo

17 de Junio de 2016

El Senado de la República avaló la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual establece a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la autoridad encargada del control interno del gobierno federal y regula la relación de esta dependencia con el sistema nacional anticorrupción.

Al fundamentar el dictamen, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) destacó que se reestablece a la Secretaría de la Función Pública como encargada del control interno de la Administración Pública Federal, reincorporándole las funciones que se le habían conferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; también se le establecen aquellas que abonan al mejor cumplimiento de las acciones en materia de combate a la corrupción.

Con las reformas, el nombramiento del titular de la SFP será propuesto por el Ejecutivo a ratificación del Senado. Se establece que a la Secretaría corresponde organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental.

Vigilará, en colaboración con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización. También vigilará el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades y de la Procuraduría General de la República (PGR), de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio.

La SFP podrá realizar, por sí o a solicitud de la SHCP o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo.

Igualmente podrá fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública y la PGR cumplan con las normas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública; así como lo relativo a los bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales.

Podrá designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño; a los delegados de la propia SFP ante dependencias y órganos, y a comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la PGR.

También designará y removerá a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias, entidades y de la PGR, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la SFP; podrá designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control.

Le corresponde llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que les hayan sido impuestas.

Atenderá quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la PGR, y le corresponde conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entre otras disposiciones, le corresponde establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con excepción de las empresas productivas del Estado.


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