24 de Septiembre de 2024
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El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular un dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución con el objetivo de establecer que, la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
El proyecto que se aprobó por mayoría calificada de 478 votos, también señala que las y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado en el IMSS.
En los artículos transitorios se establece que el salario que hace referencia el artículo 123 de la Carta Magna es de 16 mil 777 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en el IMSS actualizado por la inflación estimada para 2024.
Este monto, indica el documento, se actualizará el primero de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para ese año.
Al presentar el dictamen, el diputado Pedro Miguel Haces Barba (Morena) explicó que la reforma busca mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mexicanas a través de salarios dignos. Señaló que el dictamen hará que México “se consolide como un país atractivo, de inversión, para capacidad de sus trabajadores, no a partir de la precarización de salarios y condiciones laborales”.
En el posicionamiento de los grupos parlamentarios, el diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) indicó que esta reforma de fundamenta en tres pilares: el consenso, la lucha del pueblo y el humanismo mexicano. Recordó que, a lo largo de 36 años, los trabajadores han movilizado sus esfuerzos para recuperar un poder adquisitivo que se ha visto mermado en un 70 por ciento debido al modelo “neoliberal”.
La diputada Martha Amalia Moya Bastón (PAN) aseveró que, aunque el objetivo de los aumentos salariales es mejorar el bienestar de las y los trabajadores, sin políticas públicas complementarias que promuevan la formalización del empleo y apoyen a las pequeñas y medianas empresas, se corre el riesgo de generar problemas estructurales, como mayor informalidad laboral y menor recaudación social.
Por el PVEM, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué afirmó que esta reforma asegura un ingreso mínimo que permite a las y los trabajadores satisfacer sus necesidades personales y familiares, así como un acceso a un proyecto de vida digno. Sobre el tema, consideró que en los últimos cinco años el salario mínimo se ha dignificado para elevar el piso de bienestar de las y los trabajadores.
“Con esta reforma nunca más el salario mínimo subirá por debajo de la inflación como sucedió durante 36 años”, señaló el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) quien reconoció los esfuerzos de la actual administración para impulsar incrementos salariales y fomentar un ambiente donde los empresarios también se comprometan a mejorar las condiciones laborales.
La diputada Graciela Ortiz González (PRI) indicó que, con el control de la inflación se garantizará que el salario mínimo no solo sea una cifra económica, sino un instrumento de protección social. Se pronunció por atender el impacto que el incremento salarial podría tener al estar expuesto a mayores cargas fiscales, particularmente en lo que se refiere al ISR.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado Castro consideró que esta reforma “corrige el mal rumbo que deterioró el poder adquisitivo del salario para que cayera por debajo de la línea de pobreza”. Afirmó que con esta reforma se va a beneficiar a casi 1 millón de personas, que representan el 64 por ciento de las personas contempladas en el proyecto.
El dictamen que se avaló por mayoría calificada se turnó al Senado para su trámite legislativo.
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