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20 de Septiembre de 2024
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Luego de más de 15 horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforma la Constitución con el objetivo de reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El dictamen que se aprobó en lo general con 362 votos a favor y 133 en contra, faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública
Además,
establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí
para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo,
precisa que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, será
designada por la persona titular de la Presidencia de la República a propuesta
de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) reconoció que, aunque adscrita a la Sedena, la Guardia Nacional seguirá respondiendo ante la justicia civil en casos de infracciones. La reforma, explicó, a la Guardia investigar delitos bajo la supervisión del Ministerio Público, lo que abonará al fortalecimiento del sistema de justicia en el país.
En contraste, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) consideró que la reforma busca debilitar la seguridad pública y generar vulneraciones a los derechos humanos, pues señaló que “bajo el mando militar las decisiones de seguridad seguirán una lógica de guerra, priorizando el uso de la fuerza y distorsionando el enfoque preventivo que debe prevalecer en una democracia”.
Por
el PVEM, el diputado Eruviel Ávila Villegas explicó que la integración de la
Guardia Nacional a la Sedena no es solo un ajuste institucional, sino una
respuesta urgente a la realidad que enfrenta nuestro país en la lucha contra la
delincuencia. Indicó que es fundamental que la Guardia Nacional cuente con un
mando claro y una estrategia nacional bien diseñada.
“Esta
reforma formaliza una realidad que ya existe, la adscripción de la Guardia
Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con eso se garantiza una
institución con formación, disciplina, control y un orden incuestionable”,
aseveró el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) quien apuntó que la
reforma busca fortalecer a la Guardia Nacional y garantizar su permanencia.
Por
el PRI, la diputada Lorena Piñón Rivera recordó que la creación de la Guardia
Nacional en 2019 se dio en el marco del consenso entre todas las fuerzas
políticas, sin embargo, con dicha reforma el Estado mexicano se aleja de los
estándares internacionales en materia de seguridad pública, las sentencias de
tribunales internacionales y las recomendaciones de mecanismos de protección de
derechos humanos.
El
diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) adelantó que su bancada votaría en contra del
dictamen, pues la reforma constitucional para entregar la Guardia Nacional al
mando de la Secretaría de la Defensa Nacional “es la renuncia del gobierno de
México para hacerse cargo de su responsabilidad constitucional en materia de
seguridad pública”.
Luego de cuatro rondas de discusión en lo general, se dio paso a la presentación de reservas, donde más de 60 diputadas y diputados hicieron uso de la tribuna. En este apartado, el Pleno avaló la reserva de la diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) para modificar un párrafo del artículo 21 constitucional y eliminar “al personal de origen marino”, en la conformación de la guardia nacional, con lo que se establece que sólo estará integrado por personal militar.
Finalmente, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional se avaló en lo particular, con las modificaciones aceptadas, por mayoría calificada de 353 votos a favor y 126 en contra, por lo que se turnó al Senado para su trámite legislativo.
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