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29 de Octubre de 2024
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Luego de declararse en sesión
permanente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
avaló una minuta por la que se reforman los artículos 105 y 107 de la
Constitución en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la
Carta Magna.
De acuerdo con el proyecto de decreto
que se avaló con 30 votos a favor y 11 en contra, se establece que son
improcedentes las controversias constitucionales o acciones de
inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o
reformas a la Constitución.
Además, se señala que las sentencias que
se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas
que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
Asimismo, puntualiza que, tratándose de
juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en
ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales, por lo que
no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.
Previo a la discusión del decreto, las y
los diputado debatieron en torno a los plazos para el análisis y dictaminación
de dicho proyecto. Legisladores de oposición consideraron que existe una
urgencia por avalar la minuta, mientras que los legisladores del grupo
mayoritario argumentaron que se cumplen con los plazos legales.
En la intervención de las y los
integrantes de la Comisión, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) comentó
que la reforma no pretende eliminar las facultades de la Corte para que
continúen revisando las leyes que se aprueben, sino que se evitará que los
jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones del Congreso de la
Unión.
En contraste, la diputada Noemí Berenice
Luna Ayala (PAN) indicó que la reforma en la materia impide las acciones de
constitucionalidad “y es ahí donde se atenta contra el federalismo, porque
dejan indefensos a los estados y municipios”. Indicó que el fondo del decreto
es eliminar la democracia representativa y transitar hacia una dictadura.
Por el PVEM, la diputada Ruth Maricela
Silva Andraca puntualizó que al reducir la discrecionalidad y privilegiar la
seguridad jurídica, se promueve una justicia más transparente y accesible. Por
ello, asentó que la reforma hace explícita la improcedencia de las
controversias contra reformas constitucionales, lo que abona a un sistema
jurídico claro.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT)
consideró que la reforma representa un blindaje a la soberanía popular, además
de que representa un mecanismo de defensa para evitar que las reformas
constitucionales que cumplan con legitimidad “sean echadas para abajo por los
intereses de una minoría que usa al Poder Judicial”.
El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) enfatizó que las adiciones o reformas no deben vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución o los tratados internacionales. Indicó que con esta reforma se quita el derecho de la acción de inconstitucionalidad, por lo que es evidente que no se desea que la Suprema Corte revise los actos del Poder Legislativo.
Al señalar que la reforma “destruye” uno de los principios fundamentales de la Constitución y la democracia, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, indicó que el decreto deja al poder reformador sin contrapesos, ya que otorga al legislador el poder absoluto de modificar la Carta Magna sin la posibilidad de cuestionar o impugnar sus decisiones, incluso cunado puedan ir en contra de los derechos.
Luego de un debate de más de cuatro
horas, las y los integrantes de la Comisión acordaron llevar las reservas al
Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se aprobó el dictamen y se envió a
la Mesa Directiva.
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