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14 de Octubre de 2024
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En sesión
extraordinaria, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló en lo
general y en lo particular, las minutas que forman parte de las leyes
secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial, las cuales reforman
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así
como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe
resaltar que ambas minutas se turnaron a la Mesa Directiva para su análisis en
el Pleno.
Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Con 19 votos a
favor y 10 en contra, las y los integrantes del órgano legislativo avalaron en
lo general, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, relativa a la actualización de los medios de impugnación en el
proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
El decreto que
se aprobó en lo particular con 26 votos a favor y 10 en contra, en los términos
del dictamen, establece que, durante el proceso electoral para elegir a los
jueces del Poder Judicial, el juicio de inconformidad podrá ser utilizado para
impugnar decisiones de autoridades electorales que infrinjan normas
constitucionales o legales.
Asimismo, se
especifica que serán actos impugnables aquellos relacionados con la elección de
presidentes de la República y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, entre otros. La Sala Superior del Tribunal Electoral será competente
para resolver los juicios de inconformidad, excepto la elección de sus propios
integrantes, que serán competentes.
Además, señala
que el juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por partidos políticos
y candidatos interesados, y deberá presentarse dentro de un plazo específico
tras la declaratoria de resultados por el Instituto Federal Electoral. Además,
el Juicio Electoral se podrá utilizar para impugnar actos que restrinjan el
derecho de ser votados a los candidatos en este proceso.
Durante la
discusión, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) defendió la
iniciativa, considerándola correcta y necesaria para garantizar una nueva
elección de los integrantes del Poder Judicial. Resaltó que la reforma asegura
el derecho a la tutela efectiva, promoviendo que todas las sentencias sean
fundadas, motivadas y justas.
Por su parte,
la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) manifestó su desacuerdo con la
reforma, pues señaló que el proceso de reforma “ha sido desastroso”. Subrayó la
importancia de elegir a quienes impartirán justicia en el país, lo que, a su
juicio, no debería manejarse de manera superficial.
En apoyo a la
minuta, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) destacó que la
modificación busca garantizar el recurso judicial efectivo para los postulantes
en la elección de ministros, magistrados y jueces. Enfatizó que ser electo es
un derecho fundamental y un principio de igualdad política que fomenta la
participación ciudadana.
Por el PRI, el
diputado César Alejandro Domínguez Domínguez expresó su preocupación por la
falta de seriedad en la regulación del proceso electoral ya en marcha. Afirmó
que no apoyarán la minuta debido a la falta de certeza en la reforma judicial, pues
alertó sobre posibles errores que podrían comprometer la independencia del
sistema judicial.
Fue el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) quien reiteró que esta reforma es un mandato constitucional y una transformación profunda del Estado mexicano. Destacó que la iniciativa establece plazos concretos y busca rescatar el poder público para servir al pueblo, enfatizando que no hay ninguna ley por encima de la Constitución en este contexto.
En contraste, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) señaló que aún hay oportunidad de reglamentar la reforma constitucional de manera que la elección de jueces cumpla con estándares de derechos humanos. Propuso la inclusión de exámenes para los aspirantes, advirtiendo que la falta de estos mecanismos podría llevar a la elección de jueces sin el conocimiento adecuado en las áreas.
Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales
En otro
momento de la reunión, la Comisión de Justicia también aprobó en lo general y
en lo particular, las reformas a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del
Poder Judicial de la Federación.
Con una
votación en lo general de 29 votos a favor y 10 en contra, se aprobó el decreto
que establece que el primer domingo de junio de 2025 se llevará a cabo una
jornada electoral para elegir diversos cargos dentro del Poder Judicial.
Asimismo, el
decreto señala que, es derecho de la ciudadanía participar en igualdad de
condiciones en los procesos de evaluación y selección de candidaturas para
todos los cargos de elección popular del Poder Judicial. Dichos procesos, serán
públicos, abiertos, transparentes inclusivos, accesibles y deberán garantizar
la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos.
De acuerdo con
los artículos transitorios del dictamen que reforma la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para el proceso electoral de 2025,
el Senado de la República emitirá la convocatoria general dirigida a los
Poderes de la Unión para integrar el listado de candidaturas a más tardar el
próximo 16 de octubre.
Los Poderes de
la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instalarán sus respectivos comités
de evaluación para verificar que las y los aspirantes reúnan los requisitos
constitucionales de elegibilidad, a más tardar el 31 de octubre de este año; y
tienen hasta el 4 de noviembre para publicar las convocatorias para participar
en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.
En
el debate, el diputado Alberto Maldonado Chavarín (Morena) afirmó que esta reforma
representa una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de justicia en
México, pues las leyes secundarias son fundamentales para materializar los
principios establecidos en la reforma judicial, que darán paso a un sistema más
justo, transparente y accesible.
En
contraste, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) indicó que “claramente
no hay reforma judicial, sino una sustitución de personas y un despido masivo”.
Agregó que el dictamen es reflejo del “desorden”, pues lo comité de evaluación
no tienen nigun criterio claro, además de que será la elección popular menos
vigilada de la historia moderna dentro del país.
El
diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) enfatizó que la reforma
permitirá que los procesos electorales para los integrantes del Poder Judicial
se realicen de manera homogénea y confiable, además de que garantizarán certeza
jurídica en todas las etapas del proceso.
Por
el PRI, el diputado Arturo Yañez Cuellar comentó que la reforma no responde a
los grandes retos del Poder Judicial. “Ustedes pretenden que se subordine la
justicia por el poder político”, consideró el legislador, quien llamó a actuar
con responsabilidad y crear leyes con independencia y progresividad.
En
tanto, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) enfatizó que estas adecuaciones están orientadas a
asegurar que los cargos se asignen a los candidatos mejor preparados, lo que
contribuirá a un sistema de justicia más competente y eficaz.
“Creemos que es falso que el mandato popular de las urnas haya sido el de imponer esta visión regresiva de autocracia institucionalizada y de desmantelamiento institucional, creemos que la ciudadanía votó en pluralidad”, consideró el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC), quien llamó a construir con argumentos e ideas, no con imposición.
Al no aprobar ninguna propuesta de modificación a la minuta, el decreto se avaló en lo particular, en sus términos, con 30 votos a favor y 10 en contra. Cabe destacar que en este apartado se registraron 11 oradores, mientras que los legisladores del PRI y MC señalaron que llevarían sus reservas al Pleno.
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