Comisión de Puntos Constitucionales avala ampliar catálogo de prisión preventiva oficiosa

Al abordar la reforma presentada por el Ejecutivo Federal sobre prisión preventiva oficiosa, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo, debatieron la iniciativa al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En ese sentido, se destacó la importancia de contar con un marco normativo penal y procesal suficiente para combatir conductas delictivas.

El documento, avalado por unanimidad de 26 votos a favor, 14 votos en contra y cero abstenciones, incluye la extorsión, narcomenudeo, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas entre los supuestos para aplicar la prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, el proyecto considera como delitos graves la defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.

En el órgano legislativo se aprobó la reserva presentada por el diputado Leonel Godoy Rangel por 17 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la cual establece que los órganos del estado deberán atenderse a la literalidad del texto. En ese sentido, se prohibió la interpretación que pretenda inaplicar, suspender o modificar lo mencionado en la normativa.

Al abordar la discusión, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) recordó que la prisión preventiva oficiosa existe en México desde hace mucho y que su función principal se orienta a la protección de la víctima y sus familiares. En ese sentido, indicó que en muchos casos se habla de los derechos humanos del delincuente y se olvida a las personas afectadas.

El legislador resaltó que el catalogo se refiere a dos tipos de protección de derechos humanos: los referentes a las personas afectadas y las de la sociedad.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) mencionó que la gravedad de la reforma se encuentra en su atentado hacia los más pobres, ya que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registran un total de 226 mil personas privadas de la libertad, de las cuales cuatro de cada diez no cuentan con una sentencia; es decir, se encuentran en prisión preventiva oficiosa.

La legisladora destacó que los ministerios públicos deben presentar los argumentos necesarios para determinar si una persona debe permanecer en prisión preventiva justificada.

Por su parte, diputado Rubén Moreira (PRI) resaltó que la prisión preventiva debe ser justificada, lo cual deriva de la posibilidad de evadir la justicia por parte de una persona, así como del daño que ocasiona a la sociedad. Al referirse al catálogo en la materia, el legislador recalcó que aumentar los tipos delictivos va en contra de un sistema de justicia, penal, adversarial y garantista.

En su intervención, el diputado Braulio López Ochoa (MC) detalló que el incremento del catálogo de delitos mencionados en el artículo 19 va en aumento, pero se notan pocos efectos positivos en la reducción de la impunidad en México. Hizo un llamado a orientar la discusión hacia cambios reales en el sistema de justicia penal.

Resaltando el papel del gobierno federal respecto a seguridad pública, el diputado Armando Gómez Betancourt (PVEM) subrayó que la iniciativa pretende atacar de forma contundente no sólo los delitos incluidos, sino buscar penalizar con severidad diversas conductas delictivas como la defraudación fiscal, el narcomenudeo, contrabando, así como aquellos delitos relacionados con la expedición, enajenación y compra de comprobantes fiscales.