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27 de Agosto de 2024
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La Comisión de Puntos Constitucionales avaló en lo general, con 22 votos a favor y 17 en contra, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma al Poder Judicial.
De acuerdo con el dictamen, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durarán en su encargo 12 años y no 15 años como se tenía previsto.
En cuando a su elección, las y los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias. El Senado será el encargado de publicar la convocatoria para la integración del listado de candidatos.
Los Poderes de la Unión postularán el
número de candidaturas que corresponda a cada cargo para la evaluación y
selección de sus postulaciones, a fin de remitirlas al INE a más tardar el 12
de febrero del año de la elección que corresponda.
Se establece que las personas candidatas
podrán ser postuladas simultáneamente por una o varios Poderes de la Unión y
será el INE quien efectuará los cómputos de la elección, publicará los
resultados y entregará las constancias.
Se señala que las personas candidatas
tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme
a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el INE. Asimismo,
para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial estará prohibido el
financiamiento público o privado de sus campañas.
El dictamen también señala que, el Consejo
de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la
SCJN, hasta que sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de
administración judicial.
Además, el Congreso de la Unión tendrá un
plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las
adecuaciones a las leyes federales correspondientes. Asimismo, se afirma que
los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial serán
respetados en su totalidad.
En
su intervención, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), explicó que el proceso de selección
de jueces, magistrados y ministros no será una "campaña de
popularidad" y que se mantendrán rigurosos criterios de evaluación.
Destacó que los candidatos deberán pasar por
una carrera judicial o una evaluación estricta realizada por tres comités
En el debate de la reforma, por Morena, el
diputado Hamlet García aseveró que es falso que no se haya escuchado a la
sociedad, al Poder Judicial y a los expertos que asistieron a los foros. Señaló
que el dictamen consolida la paridad en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, además de que garantiza los derechos de las y los trabajadores.
En contraste, el diputado Héctor Saúl
Téllez Hernández (PAN) indicó que las más de 100 propuestas de modificación al
dictamen mantienen una propuesta “más nociva, tóxica, más dañina y que acaba
con la independencia judicial”. Aseveró que su bancada va en contra de la
reforma ya que viola los principios de división de poderes; “decimos no a la
cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo”.
“Les adelanto que nuestro voto es en
contra del dictamen”, indicó el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) quien
explicó que lo que se propone con esta reforma representa un riesgo para el
Estado, lesiona el pacto federal, no mejora la calidad de las resoluciones, es
un peligro para el régimen de los derechos humanos, además de que permite la
intromisión de poderes fácticos.
Por el PVEM, el diputado Armando Antonio
Gómez Betancourt consideró que la reforma presentada por el Ejecutivo Federal y
enriquecida con los diálogos nacionales, podría reducir los tiempos de espera y
garantizar una mayor eficacia en la administración de justicia, lo que
promoverá una justicia más cercana y accesible para todas y todos.
“Una reforma al Poder Judicial, al sistema
de seguridad y justica no solo es urgente sino necesario”, refirió el diputado
Braulio López Ochoa Mijares (MC), quien indicó que las reformas deben
fortalecer a dicho poder y no debilitarlo. Consideró que la reforma “es mala”
porque no combate la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT)
destacó la urgencia de una reforma al Poder Judicial, pues consideró que el
sistema judicial actual se ha corrompido al punto de defender predominantemente
los intereses de los sectores privados y de aquellos que pueden pagar por
justicia.
Por el PRD, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo advirtió que la reforma podría llevar a la pérdida de recursos humanos altamente capacitados en la carrera judicial. Además, cuestionó la calidad de los futuros jueces, magistrados y ministros que, podrían ser seleccionados sin la formación necesaria.
Finalmente, la diputada Susana Prieto Terrazas argumentó que la reforma amenaza la independencia del Poder Judicial, por lo que perjudicará a los ciudadanos más vulnerables. Cuestionó la legitimidad del debate y señaló que podría desmantelar importantes protecciones judiciales.
Luego de avalar el dictamen en lo general,
se procedió a la presentación de 330 reservas, en voz de 34 oradores. Las y los
legisladores aprobaron la reserva presentadas por la diputada Lidia García
(Morena) para establecer mecanismos de paridad en el Poder Judicial. Además, de
que busca salvaguardar la identidad de juzgadores en materia de delincuencia
organizada.
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