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27 de Agosto de 2024
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La Comisión Permanente, durante su última sesión de trabajo, debatió en el apartado de agenda política sobre la reforma al poder judicial, recientemente aprobada en comisiones y sobre el recurso que admitió la suprema corte sobre la asignación de diputaciones plurinominales, aprobada por el INE.
Por Morena, el senador Navor Rojas Mancera señaló que el pasado dos de junio, “casi 36 millones de ciudadanos votaron por un nuevo Poder Judicial”. Cuestiono que “la Suprema Corte de Justicia haya acudido a organismos internacionales para socavar al pueblo de México”, pues señala que la carta enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en duda la legitimidad del Congreso para aprobar en nuevo marco legal.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera destacó que la propuesta afecta a los impartidores de justicia tanto en el ámbito local como federal, ya que es un retroceso en la formación de instituciones, el estado de derecho, la división de poderes y el desarrollo de la democracia. En contraste, recapituló que la reforma del 2020 permitió consolidar la carrera judicial y el combate al nepotismo.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) apuntó que la reforma al Poder Judicial representa la desaparición de la democracia, la perdida de las libertades y de los derechos humanos. Sostuvo que el dictamen pone en peligro la autonomía de esta competencia del Estado mexicano, además de atacar los contrapesos.
Desde tribuna, la senadora Ruth Alejandra López Hernández (MC) destacó que para la construcción de un país más democrático es importante un diálogo respetuoso, donde la tolerancia a las diferencias permee y permita aprovechar las coincidencias para la construcción.
La senadora María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) mencionó que la reforma fortalece el sistema de justicia a través de la elección de las y los juzgadores, quienes serán aquellos con la capacidad profesional y compromiso para ayudar a la gente. Indicó que no se vulnerará los derechos de los trabajadores, además que podrán ser considerados para los cargos más altos.
En su intervención, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) indicó que el Plan Integral del Combate al Nepotismo detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían seis mil 750 redes familiares. En ese sentido indicó que el 66 por ciento de las y los mexicanos perciben a los jueces como corruptos.
Al pronunciarse sobre los organismos autónomos, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano (PES) observó que las funciones de dichos institutos deben regresar al estado y evitar que se encuentren cooptados por agencias que dijo “nada tienen que ver con la soberanía mexicana”.
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