Valida Comisión de Puntos Constitucionales reforma sobre empresas estratégicas

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con 21 votos a favor y 18 en contra el proyecto en materia de empresas estratégicas donde se incluye la proveeduría de electricidad al menor precio posible e internet entre los servicios que el Estado deberá asegurar para la población. La reforma impactará en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Respecto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se establece que ningún caso particulares tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

El dictamen establece que el Estado asumirá la responsabilidad de la transición energética, implementando políticas para reducir las emisiones contaminantes y promover el uso sostenible de las fuentes energéticas nacionales. En ese sentido, se plantea la planificación y el control estatal del SEN, por lo que se garantiza el suministro a toda la cadena de valor con un enfoque en seguridad y autosuficiencia energética.

Dentro del debate, legisladores presentaron posturas encontradas, en las que se contrastó la defensa de la soberanía energética y las posibles limitaciones de la autonomía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de desincentivar la inversión privada y limitar la modernización del sector.

En lo particular, se aceptó con 21 votos a favor y 16 en contra, la reserva del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para modificar los artículos 27, 28 y adicionar un transitorio.

Al destacar el fortalecimiento del SEN, el diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) destacó que la propuesta tiene el objeto de garantizar la seguridad y soberanía energética, además de robustecer a la CFE. Aseguró que se atiende a la demanda eléctrica de suficiencia energética de calidad a menor costo.

Destacó que actualmente el Sistema Eléctrico Nacional opera con un modelo que privilegia el interés privado sobre el del Estado, pues pone en riesgo el suministro eléctrico al no cumplir con los criterios de confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad y de precios accesibles.

Respecto al servicio de Internet, el legislador consideró brindarle al servicio la categoría de área estratégica exclusiva del Estado, lo cual asegurar el derecho a la información de la población.

El diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) resaltó que velar por un área estratégica, como es la eléctrica, es necesaria; sin embargo, estimó que la planificación requiere de permitir la colaboración del sector privado para mejorar el servicio con la rectoría del Estado para lograr la competencia, el mejor servicio de electricidad.

En ese sentido, destacó la necesidad de analizar el funcionamiento de la CFE en los últimos años. También puntualizó el desafió fiscal, ya que el planeamiento de la iniciativa requiere de muchos recursos públicos e inhibe la inversión.

Respecto al servicio de Internet, el legislador consideró como un error establecer el sistema público en esta materia como un área estratégica, ya que establece que el Estado solamente puede otorgar el servicio con lo cual se echa para atrás lo avanzado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y el servicio que ya se otorga.

Por su parte, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) destacó las pérdidas presupuestarias y la limitada generación de electricidad verde por parte de la CFE. En ese sentido, consideró la propuesta como insuficiente ya que se debe proporcionar un suministro adecuado a los micro, pequeños, medianos agricultores para que reciban tarifas de luz que puedan pagar.

Consideró que en los casos de impago del servicio eléctrico, existe un segmento de la población a la cual no podría cortarle la luz; es decir, quienes pagan la tarifa mínima. Sostuvo que debería existir el derecho humano a tener un suministro mínimo garantizado para que las personas tengan la posibilidad de tener una vida digna.

Al pronunciarse en contra de la iniciativa, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) subrayó que la discusión debe centrarse en la forma para lograr la prevalencia en el sistema por el Estado, ya que en la actualidad en nuestro país la energía proviene de fuentes contaminantes. De esta manera, recordó los compromisos en la COP27.

Sostuvo que la capacidad del SEN es menor al 50 por ciento por lo que destacó la necesidad de contar con una combinación porque el Estado no tiene la capacidad. Asimismo, observó que las funciones del gobierno podrían orientarse en la transmisión y distribución para dejar que la generación se integre de recursos que favorezcan la disminución paulatina energías sucias.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) afirmó que el dictamen en materia energética sienta las bases necesarias para recuperar la soberanía energética de México y servir al pueblo de manera más eficaz. Durante su intervención, subrayó que esta reforma busca fortalecer el control estatal sobre áreas estratégicas, como la electricidad y los servicios públicos, evitando su entrega al capital extranjero.

El legislador enfatizó que aquellos que se oponen a la reforma están actuando en contra de los intereses nacionales, defendiendo en cambio la privatización de servicios fundamentales.

El dictamen establece que el Congreso tendrá 180 días posteriores a su aprobación por ambas Cámaras para realizar las adecuaciones legales necesarias. Asimismo, se derogan artículos de la reforma energética de 2013 que contradigan las disposiciones del nuevo decreto. La iniciativa fue turnada al pleno de la Cámara de Diputados