El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 constitucional que busca homologar las sanciones en materia de feminicidio. De acuerdo con datos del Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2020 y 2025, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por razones de género.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) sostuvo que la reforma busca establecer con rigor la ley y revertir estadísticas que reflejan una crisis estructural. Apuntó en la urgencia de garantizar la protección para las niñas y mujeres, además de asegurar la salvaguarda de la vida
Desde la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena) enfatizó la necesidad de garantizar condiciones de justicia uniformes. Señaló que existen 33 códigos penales con criterios dispares sobre este tema. Explicó que la propuesta tiene como propósito establecer bases que unifiquen los criterios a nivel nacional.
La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad, planteó que la reforma representa un posicionamiento del Estado frente a la violencia de género. Afirmó que no basta con reconocer el problema, sino que se requiere traducirlo en leyes eficaces e instituciones capaces de responder, dejando atrás la omisión.
Desde la bancada del PAN, la senadora Laura Esquivel Torres respaldó la iniciativa y destacó la vitalidad de establecer una mayor protección las mujeres mexicanas. Señaló que la herramienta legislativa busca combatir la impunidad y advirtió que la violencia feminicida se agrava cuando el sistema falla en sancionar.
Por el Partido Verde Ecologista de México, la senadora Virginia Marie Magaña Fonseca sostuvo que existen herramientas legales suficientes, pero lo que falta es su aplicación efectiva. Recordó que existen pendientes en materia de justicia y que la propuesta surge como una respuesta a las demandas de los movimientos feministas y a exigencias concretas.
La senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI) advirtió la importancia de contar con recursos en las fiscalías especializadas, por lo que la reforma corre el riesgo de quedarse en el papel. En ese sentido, denotó que la construcción de un andamiaje legal debe permitir revertir la violencia de género.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) consideró que el fortalecimiento de reglas claras permitirá para la violencia hacia las mujeres a través de una investigación con perspectiva de género. Mencionó que la homologación a nivel nacional permitirá eliminar vacíos legales y suprimir la impunidad para este sector de la población.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) observó la necesidad de respaldar las leyes con presupuesto para su aplicación. Aseveró que la reforma presenta un avance para las mujeres y niñas al lograr un marco homogéneo; sin embargo, denotó que se requieren de acciones profundas para lograr avances normativos concretos.
