Con 111 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, orientadas a fortalecer la efectividad, la cooperación interinstitucional y la innovación tecnológica en la fiscalización superior. El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Los cambios amplían las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), modernizan sus movimientos, mejoran la trazabilidad del gasto público y refuerzan tanto la coordinación institucional como la participación ciudadana.
La reforma establece sanciones por incumplimiento en la entrega de información, amplía la posibilidad de realizar investigaciones en cualquier momento —ya sea de oficio o por denuncia— y fija plazos más claros, como el límite de 120 días hábiles para que la auditoría determine la solventación o no de observaciones.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón (MC), explicó que el eje central de la reforma es robustecer el sistema de fiscalización superior mediante la actualización del marco normativo que rige a la ASF. Señaló que se busca dotar al órgano auditor de herramientas que no solo le permitan revisar el gasto público de forma posterior, sino también mejorar sus capacidades de seguimiento, detección oportuna e investigación de irregularidades.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), sostuvo que la reforma tiene como propósito erradicar prácticas de discrecionalidad y cerrar espacios a la opacidad en el manejo de recursos públicos. Indicó que se fortalecen las capacidades de la ASF.
