La Comisión Permanente informó que turnó a la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial que plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual se encargará de revisar la integridad de quienes aspiren a cargos de elección popular antes que la autoridad electoral.
La propuesta —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Su función central será recibir de partidos políticos y aspirantes independientes los listados de posibles postulantes y someterlos a un análisis de riesgo en coordinación con áreas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y sistema financiero.
El esquema prevé que la entrega de información sea voluntaria, total o parcial, aunque los partidos deberán contar con mecanismos internos de consentimiento de sus aspirantes. Con base en los reportes de riesgo, cada fuerza política decidirá si procede o no el registro de una candidatura.
El diseño institucional de la comisión incluye también la recepción de información clasificada sobre posibles riesgos sin revelar las causas específicas, así como la notificación a partidos y aspirantes sobre la existencia de alertas emitidas por las autoridades competentes.
En paralelo, las instancias de seguridad y justicia conservarán la facultad de abrir o continuar investigaciones cuando detecten indicios relevantes, independientemente del proceso electoral.
El órgano estaría integrado por cinco consejerías electorales con un periodo de tres años; la presidencia sería rotativa y se renovaría cada año entre sus integrantes.
