Ambas Cámaras del Congreso celebraron un periodo extraordinario en el que se agendaron cuatro temas entre las que se abordaron dos reformas constitucionales; la primera, a los artículos 35 y 94 sobre el aplazamiento de la elección judicial a junio de 2028; y la segunda, al artículo 41 de la Constitución, donde se establece una nueva causal de nulidad por intervención extranjera.
En materia de reformas secundarias, también se integró a la Orden del Día la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en materia de la blindaje de candidaturas contra el crimen organizado; y por último la reforma a la Ley General de Medios de Impugnación sobre causales de nulidad.
En la Cámara de Diputados se avalaron tres proyectos. El correspondiente al aplazamiento de la elección judicial, la reforma sobre la nueva causal de nulidad electoral y el correspondiente a la modificación en la LEGIPE. Luego fueron remitidos al Senado de la República donde fueron avalados.
Respecto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) retiró del Orden del Día la reforma para analizar la propuesta con mayor profundidad con las distintas fuerzas políticas.
Explicó que, por razones de técnica constitucional, primero debe promulgarse y entrar en vigor la reforma al artículo 41 de la Constitución, en materia de nulidad de elección por injerencia extranjera, antes de avanzar con la normatividad secundaria que definirá los alcances y procedimientos de la nueva causal.
En ese sentido, el diputado indicó que este marco secundario podría discutirse en septiembre; sin embargo, advirtió que sus efectos jurídicos ya no alcanzarían al proceso electoral de 2027, por lo que su impacto sería a partir de 2030.
El proyecto centra su objetivo en habilitar formalmente a los partidos políticos para controvertir los resultados de elecciones federales o locales basándose en la injerencia extranjera.
Entre otros aspectos, el documento señala que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contarán con facultades para realizar la declaratoria oficial de invalidez y nulidad de los comicios federales, tras la comprobación plena de una intromisión.
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