La Comisión de Justicia del Senado debatió el proyecto para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, con el propósito de reunir observaciones de todos los grupos parlamentarios y construir un dictamen de consenso antes del inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
El presidente de la comisión, el senador Javier Corral Jurado (Morena), informó que la reunión tuvo como objetivo definir la ruta de trabajo que permitirá concluir el proyecto en septiembre y presentarlo de manera conjunta. Explicó que el dictamen integrará las iniciativas que él promovió y la presentada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, además de las propuestas que surjan durante el proceso legislativo.
El senador Corral sostuvo que la nueva legislación permitirá atender conflictos menores y faltas administrativas mediante mecanismos ágiles de justicia cívica, con la participación de jueces, mediadores y personal especializado.
Añadió que el proyecto establecerá lineamientos generales para que las entidades federativas desarrollen estos sistemas y contempla la figura de la justicia itinerante, con juzgados móviles que acerquen estos servicios a comunidades alejadas de las cabeceras municipales, además de reducir costos y evitar que numerosos asuntos lleguen a tribunales.
El senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena) planteó revisar con mayor precisión las disposiciones relacionadas con la detención en flagrancia. Advirtió que, sin límites claros, esas atribuciones podrían traducirse en decisiones discrecionales dentro de la justicia administrativa y afectar, principalmente, a los sectores más vulnerables.
Por su parte, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) recordó que la expedición de esta ley permanece pendiente desde 2017 y llamó a analizar con detenimiento las observaciones de las distintas bancadas. Consideró indispensable que el dictamen contemple la realidad de las comunidades indígenas, donde los usos y costumbres mantienen un papel relevante en la resolución de conflictos.
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno respaldó la incorporación de un protocolo de actuación para niñas, niños y adolescentes. Señaló que la legislación había dejado sin atender durante años este aspecto, pese al incremento de menores involucrados en conflictos de carácter cívico.
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