La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avaló el formato para la recepción de la primera entrega de los informes individuales de la auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de actualizar un marco normativo que permanecía vigente desde 2018.
El acuerdo, avalado con 29 votos, también regula la recepción del acuse de la declaración fiscal y establece mecanismos para revisar de manera aleatoria la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas de la institución. Esta primera entrega tiene como fecha límite el último día de junio para presentar los avances de las revisiones iniciales.
La actualización busca fortalecer los esquemas de transparencia, rendición de cuentas y control patrimonial. Entre los principales cambios incorpora la armonización con la legislación vigente en materia de responsabilidades administrativas, combate a la corrupción, transparencia y protección de datos personales.
Los nuevos lineamientos hacen obligatorio el uso del sistema DeclaraUEC para la presentación electrónica de las declaraciones e incorporan el Sistema de Administración de Evolución Patrimonial (SAEP), una plataforma diseñada para detectar incrementos patrimoniales que no correspondan con los ingresos reportados por las y los servidores públicos.
El documento también precisa los plazos para presentar las declaraciones iniciales, de modificación y de conclusión del encargo, además de reforzar las medidas de confidencialidad para proteger la información personal contenida en esos registros.
Las disposiciones establecen que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo aquellos datos cuya difusión pueda afectar la vida privada o se encuentren protegidos por la Constitución.
La Unidad de Evaluación y Control será la responsable de administrar los sistemas DeclaraUEC y SAEP, así como del resguardo de las declaraciones y de los comprobantes de la declaración fiscal, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados.
Los servidores públicos deberán manifestar, además de su situación patrimonial, cualquier posible conflicto de interés relacionado con las funciones que desempeñen o hayan desempeñado dentro de la Auditoría Superior de la Federación.
Los lineamientos advierten que la omisión en la presentación de las declaraciones, o su entrega fuera de los plazos legales sin causa justificada, dará lugar al inicio de procedimientos de investigación por presunta responsabilidad administrativa y podrá derivar en las sanciones previstas por la ley.
Para verificar la evolución patrimonial, la Unidad realizará un análisis cronológico de todas las declaraciones presentadas por cada servidor público y confrontará el crecimiento de su patrimonio con los ingresos obtenidos tanto por su función en la Auditoría como por otras percepciones declaradas. Si se detectan inconsistencias, el funcionario deberá aclararlas; de no hacerlo, se procederá conforme a la legislación aplicable.
Los nuevos lineamientos constan de nueve capítulos y 33 disposiciones. Con su entrada en vigor quedarán abrogadas las reglas publicadas en mayo de 2018, mientras que los procedimientos iniciados bajo la normativa anterior continuarán su trámite hasta su conclusión.
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