Al recibir los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025 de manos del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia mencionaron que la función de este ejercicio se enfoca a detectar, prevenir, combatir y sancionar el mal uso de los recursos públicos.
El presidente del órgano legislativo, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) destacó la labor de la ASF, ya que el Programa Anual de Auditorías Actualizado integra dos mil 244 auditorías en esta primera entrega. Destacó que el Congreso aprobó reformas para modernizar el Sistema de Fiscalización, las cuales dotaron a la Auditoría de herramientas para fortalecer el inicio de investigaciones por faltas graves de manera oficiosa.
Mencionó también que la gestión del auditor impulsó acciones hacia la transparencia de las instituciones públicas entre las que destacó la creación de auditorías especializadas y de unidades especializadas en riesgos específicos. En ese sentido, el diputado Herrera Borunda apuntó que las políticas impulsadas son transversales y permiten la trazabilidad del recurso federal.
Luego de reconocer el impacto de las reformas de la Cámara de Diputados en la ASF, aprobadas el pasado 21 de abril, el auditor federal, Aureliano Hernández Palacios Cardel dijo que la revisión presentada impacta en las 32 entidades federativas y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Agregó que a través de estas auditorías se revisaron 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a los dos mil 478 entes de este orden de gobierno.
En ese sentido, detalló que la Auditoría Superior de la Federación inició 31 expedientes de investigación a entes de los tres órdenes de gobierno, lo cual es uno de los primeros resultados de las adecuaciones realizadas a su marco normativo. Agregó que también se presentaron 21 denuncias penales por más de 600 millones de pesos.
Indicó que el órgano fiscalizador logró la conclusión de los procesos auditables en municipios, por lo que se recuperaron los recursos que no le habían sido efectivamente transferidos, “por lo que de manera inédita únicamente quedó, por aclarar, la transferencia de 1.4 millones de pesos por una parte de una entidad federativa, de los más de 300 mil millones de pesos se distribuyeron correctamente”.
El diputado de Morena, Arturo Roberto Hernández Tapia recalcó que el programa inicial contemplaba dos mil 476 auditorías pero que a la entrega del documento sólo se contó dos mil 244. Detalló que se incluyeron cien auditorías adiciones y que se dieron de baja 332, además que 179 fueron modificadas. Al recalcar la importancia de este ejercicio, dijo que el presupuesto debe ser utilizado con eficiencia, honestidad y legalidad.
Por parte de Acción Nacional, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández se pronunció por preservar la función de la ASF como una institución técnica y alejada de los intereses políticos. Subrayó la necesidad de realizar auditorías especializadas a proyectos como el Tren Interoceánico, así como informes individualizados al gasto público de estados como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa.
Al considerar la entrega de los informes de la ASF como una herramienta sólida, la diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM) aseveró que estos mecanismos permiten apuntalar los controles institucionales y detectar irregularidades. Observó en el perfeccionamiento de estos mecanismos control al gasto público y una contribución a garantizar la transparencia en los recursos públicos.
Desde el Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Olivares Mejía denotó que el dispendio del gasto abona a un daño nacional, por lo que observó la necesidad de combatir la opacidad, la corrupción y los instrumentos que abonen a la transparencia. En ese tenor, dijo que la Comisión revisará el informe con rigurosidad.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) comentó que la autonomía de la ASF es una responsabilidad que tiene sentido cuando se ejerce con imparcialidad y rigor técnico. Por ello, se inclinó por realizar una revisión puntual sobre el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC) afirmó que los informes de fiscalización garantizan el derecho de la ciudadanía a conocer el uso de los recursos públicos y permiten corregir deficiencias en la gestión gubernamental. Subrayó que la revisión no se limita a cifras, sino que evalúa decisiones con impacto directo en la población.
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