Durante los trabajos de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios se pronunciaron ante las acciones represivas que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ha ejercido en contra de connacionales mexicanos y que han cobrado la vida de 17 migrantes mexicanos.
Por Morena, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas destacó que la postura del gobierno mexicano logró suspender las redadas callejeras en Estados Unidos, las cuales iniciaron tras la incorporación de 12 mil nuevos agentes del ICE. Asimismo, condenó la violación de derechos humanos en los centros de detención privados e instó a los legisladores a fijar un precedente legal para proteger a los migrantes connacionales.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera (PAN), denunció el abandono presupuestal a los consulados de México en Estados Unidos y apunto que la falta de recursos desprotege la dignidad de las y los connacionales ante una ola de violencia institucional. Evidenció que, de los diecisiete asesinatos recientes de mexicanos a manos de autoridades migratorias, quince ocurrieron en total silencio durante la gestión de la anterior titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Fue el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) sostuvo que la política migratoria actual de Estados Unidos violenta los derechos humanos y la dignidad y apunto que las y los legisladores no pueden permanecer callados ante “este agravio nacional”, especialmente cuando diecisiete compatriotas han perdido la vida a manos del del ICE y exigió que la defensa de los migrantes sea una prioridad real y no un discurso vacío.
El diputado federal Gibrán Ramírez Reyes, del partido Movimiento Ciudadano (MC), hizo un llamado urgente a intensificar la protección de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, con especial énfasis en quienes residen en la Unión Americana y señaló que la unidad del país no debe ser un concepto vacío, sino que debe construirse sólidamente en torno al interés nacional para que el Gobierno de México tenga la legitimidad y autoridad moral de exigir el respeto a los derechos humanos ante otros países.
