La Comisión Permanente abordó la actual situación del país en el apartado de agenda política, donde legisladores de los diferentes grupos parlamentarios se posicionaron sobre los temas nacionales.
El diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, rechazó que la detención algunos políticos como el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel busque desviar la atención de otros asuntos nacionales. Sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Por Acción Nacional, el senador José Máximo García López sostuvo que el exmandatario bajacaliforniano es víctima de una persecución y aseguró que, hasta ahora, la defensa no conoce pruebas que acrediten los delitos que se le imputan. También cuestionó que otros personajes relacionados con investigaciones por huachicol no enfrenten el mismo nivel de escrutinio.
Desde el Partido Verde, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín pidió separar la militancia política del proceso judicial. A su juicio, el debate no debe centrarse en el origen partidista del exgobernador, sino en determinar si existieron actos de corrupción y beneficios económicos obtenidos al margen de la ley. Insistió en que serán las evidencias las que sostengan o derrumben la acusación.
El diputado Rubén Moreira (PRI) propuso citar a comparecer a los responsables de la política de seguridad para que expliquen los resultados del combate al huachicol y cuestionó que sólo una parte mínima de los casos llegue a resolverse. También pidió esclarecer los criterios con los que se investigan presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.
La diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, defendió la actuación de la Fiscalía y sostuvo que Ruffo Appel no enfrenta un proceso por su filiación política, sino por las pruebas que, aseguró, existen en la carpeta de investigación. Subrayó que la culpabilidad no la determinarán los partidos ni el debate público, sino los tribunales una vez que concluya el proceso judicial.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, acusó al gobierno de aplicar criterios distintos según el personaje involucrado. Señaló que, mientras a otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado se les reconoce la presunción de inocencia, en el caso de Ruffo Appel —afirmó— desde el poder ya se construyó una sentencia política.
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