El gobierno federal presentó la consulta para proteger los derechos de las audiencias, la cual se realizará a partir del 27 de julio hasta el 21 de agosto y fue convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. De acuerdo, con las autoridades el proceso busca fortalecer los derechos de las audiencias mediante Códigos de Ética y mecanismos para presentar quejas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el proceso no contempla la creación de un órgano que supervise los contenidos de los medios. Sostuvo que la legislación establece un esquema de autorregulación y que las sanciones sólo podrían aplicarse cuando exista incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. Insistió en que el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias.
En la Cámara de Diputados legisladores coincidieron en que los nuevos criterios no deben convertirse en un mecanismo de censura. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la consulta presentada por el Ejecutivo y rechazó que la consulta tengan como propósito limitar la libertad de expresión.
Afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el marco reglamentario busca dar congruencia a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Congreso, y sostuvo que el derecho de las audiencias debe respetarse porque pertenece a los ciudadanos y no al gobierno.
En el mismo sentido, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán, advirtió que la elaboración de la consulta de los derechos de las audiencias no debe abrir espacio a restricciones indebidas contra los medios de comunicación. Señaló que la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios que deben garantizarse de manera simultánea, sin que uno se utilice para vulnerar al otro.
El proyecto plantea que todos los concesionarios cuenten con un código de ética y designen una persona defensora de las audiencias, independiente e imparcial, encargada de atender las quejas de los usuarios. También establece un procedimiento para presentar inconformidades, fija plazos para su resolución y prevé la intervención de la Comisión Reguladora cuando las recomendaciones no sean atendidas.
Además, propone reglas para diferenciar claramente los contenidos informativos, de opinión y publicitarios; refuerza la obligación de presentar información veraz, contextualizada y oportuna.
En ese mismo sentido, incorpora medidas de protección para niñas, niños, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, y mantiene abierto el proceso de consulta para que concesionarios, especialistas, instituciones académicas y ciudadanía presenten observaciones antes de la emisión definitiva.
