El Senado abrió un espacio de diálogo con especialistas, académicos, colectivos y familiares de víctimas de feminicidio para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que propone expedir una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
Las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera encabezaron el ejercicio, donde legisladores coincidieron en que uno de los principales desafíos será homologar la actuación de las autoridades en todo el país, sin menoscabar las competencias de los estados.
Dentro de la propuesta presidencial plantea homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer penas de entre 50 y 70 años de prisión e incorporar 19 agravantes. Entre ellas se encuentran los casos en que la víctima esté embarazada, tenga alguna discapacidad o sea defensora de derechos humanos. También contempla la pérdida de la patria potestad cuando existan hijas o hijos.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, reconoció que la coordinación con las entidades federativas representa uno de los retos centrales de la propuesta. Señaló que, aunque cada estado conserva responsabilidades sobre su organización interna, las autoridades tienen el deber común de garantizar justicia para las mujeres y evitar que un agresor quede protegido por deficiencias institucionales.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, senadora Martha Lucía Micher Camarena(Morena), sostuvo que la discusión va más allá de unificar el tipo penal o incrementar las sanciones. Lo que está en juego, afirmó, es definir cómo debe actuar el Estado y cómo garantizar que las instituciones trabajen de manera coordinada.
Desde la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado (Morena) señaló que la respuesta del Estado debe comenzar antes de que ocurra el feminicidio, mediante la prevención, la identificación temprana de riesgos, la eficacia de las órdenes de protección y una reacción inmediata ante casos de desaparición o denuncias de violencia.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), señaló que la nueva legislación deberá establecer responsabilidades claras para la Federación, estados y municipios y convertirlos en un verdadero sistema de atención. Consideró indispensable homologar el delito para evitar diferencias que obstaculicen la procuración de justicia.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno (Morena) destacó como una de las aportaciones de la propuesta la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en orfandad por feminicidio.
Durante el encuentro, representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Ejecutivo federal y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de contar con un marco jurídico nacional que permita prevenir la violencia, investigar los casos con debida diligencia, sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que el diálogo representa un paso para superar los obstáculos que han impedido concretar una legislación general en la materia. Señaló que el objetivo debe ser construir un marco que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño derivado del feminicidio.
Por ONU Mujeres, Eleonora Betancur González llamó a colocar la prevención en el centro de la política pública. Destacó la necesidad de fortalecer la detección temprana del riesgo feminicida y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender la violencia, además de impulsar transformaciones sociales y culturales que permitan intervenir antes de que se pierdan vidas.
Maribel Bojorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la Fiscalía General de la República, coincidió en que la obligación del Estado comienza mucho antes de que ocurra el feminicidio. La prevención, la atención oportuna de las violencias, la protección de las víctimas y la capacidad de respuesta institucional sostuvo, son elementos indispensables para actuar antes de que sea demasiado tarde.
La iniciativa será dictaminada durante el próximo periodo ordinario de sesiones y, posteriormente, deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Las propuestas recogidas durante las mesas de diálogo serán consideradas en la elaboración del dictamen.
