La Ley Federal de Protección al Consumidor obtuvo votación unánime en el Senado de la República. El proyecto, que busca prohibir y sancionar el acoso telefónico, fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.
La modificación al artículo 18 Bis establece que proveedores y empresas no podrán utilizar llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos u otros medios de contacto no autorizados para insistir con fines de mercadotecnia o publicidad.
Además, se reforma el artículo 127 para imponer multas de 56 mil 570 a dos millones 345 mil 728 pesos a quienes incumplan esta disposición. El dictamen señala que el problema no radica únicamente en la existencia de registros para evitar llamadas no deseadas, sino en la falta de sanciones suficientemente fuertes para inhibir estas prácticas.
De acuerdo con el dictamen, México se encuentra entre los cinco países con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de entre 20 y 25 contactos spam por usuario al mes. Las y los legisladores advirtieron que esta saturación, además de afectar la privacidad, puede incrementar la exposición de la población a posibles fraudes y estafas.
Al posicionarse sobre el documento, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) sostuvo que la reforma busca atender el incremento de llamadas publicitarias no solicitadas y proteger la privacidad de los consumidores, incluido su derecho a rechazar este tipo de contactos y evitar que sus datos sean utilizados por terceros.
Por su parte, la senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, afirmó que las empresas deberán contar con el consentimiento de las personas antes de establecer contacto con fines comerciales, ya sea mediante llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier otra vía.
