La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 fue aprobada en la Cámara de Diputados en lo general por 331 votos a favor y 118 en contra. Tras el aval, el pleno de San Lázaro continuó con la discusión de las reservas presentadas por lo que en lo particular el proyecto alcanzó una votación de 340 en pro y 109 en contra. Se turnó al Senado para su trámite legislativo.
La iniciativa estima ingresos totales por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el próximo año, lo que equivale a un incremento real del 1.1 por ciento con respecto a 2026.
Asimismo, se menciona que los ingresos provenientes de los impuestos serán de 6 billones 263 mil 886 millones. Dentro del documento también se establece un monto de endeudamiento interno neto hasta por un billón 700 mil millones de pesos para contratar y ejercer créditos en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública.
Entre los principales indicadores macroeconómicos se proyecta que el tipo de cambio promedio ronde los 17.9 pesos por dólar, mientras que la Mezcla Mexicana de Petróleo se ubicará en un estimado de 61.8 dólares por barril con una plataforma de producción de un millón 800 mil barriles diarios.
También se estima un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1.5 y 2.5 por ciento. Por concepto de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el proyecto prevé ingresos por un total de 12 mil 802.2 millones de pesos, mientras que por ingresos petroleros se estiman 984 mil 540 millones de pesos.
La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de octubre para concluir la aprobación de la ley y turnarla al Senado de la República. A su vez, la Cámara Alta cuenta hasta el 31 de octubre para analizar, discutir y votar el proyecto.
Durante la discusión en lo particular, el pleno aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), que propone modificar el artículo 21 transitorio para permitir que empresas con adeudos fiscales regularicen sus pagos sin multas ni recargos. La medida amplía un programa vigente desde 2025 y plantea alcanzar entre 3 y 4 millones personas físicas y morales, entre los que se encuentran cerca de 16 mil grandes contribuyentes.
El beneficio podrá otorgarse a las empresas que regularicen su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones correspondientes y cubran el monto adeudado en un solo pago, antes del 1 de enero de 2028. Además, deberán abstenerse de controvertir sus créditos fiscales o retirar los recursos legales que hayan promovido.
En el apartado de posicionamientos, la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena), señaló que la Ley de Ingresos de 2027 busca consolidar las finanzas públicas sin recurrir a un endeudamiento irresponsable. Destacó el fortalecimiento de la soberanía energética mediante el Derecho Petrolero para el Bienestar y aseguró que la propuesta no crea nuevos impuestos generales ni afecta a la economía popular.
Desde tribuna, la diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) cuestionó el endeudamiento previsto en la Ley de Ingresos, razón por la que mencionó que se contempla contratar más de 1.7 billones de pesos de nueva deuda sin explicar con claridad el destino de esos recursos. Afirmó que no se opone al financiamiento cuando se utiliza para generar beneficios a largo plazo, pero rechazó que se comprometa a las próximas generaciones sin suficiente transparencia.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, sostuvo que la combinación de la recaudación tributaria y el financiamiento autorizado permitirá mantener finanzas públicas sanas. Destacó que los ingresos por impuestos aumentarían 3.9 por ciento en términos reales, mientras que el endeudamiento interno autorizado al Gobierno federal disminuiría 14.5 por ciento.
El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, respaldó la propuesta al considerar que sus planteamientos son congruentes con los indicadores macroeconómicos del país. Advirtió que la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación, junto con el comportamiento de la inversión extranjera directa, contribuyen a generar confianza en la economía.
Desde el PRI, el diputado Yerico Abramo Masso cuestionó que la Ley de Ingresos mantenga un esquema de déficit que, afirmó, obliga al Gobierno a solicitar más recursos a los bancos. Consideró que el financiamiento debe destinarse a obras de infraestructura capaces de generar riqueza y actividad económica, en lugar de cubrir gastos que no produzcan beneficios duraderos.
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) planteó que la nueva deuda se destine exclusivamente a inversión productiva y que cada recurso pueda rastrearse hasta un proyecto, con fecha y responsable identificados. También pidió establecer mecanismos para que los contribuyentes conozcan el destino del dinero y para que el Congreso reciba información oportuna si el crecimiento económico o los ingresos petroleros se apartan de las previsiones de Hacienda.
