La Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados buscará que la Secretaría de Bienestar incorpore al Anexo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 un programa integral de atención para personas de la diversidad sexual y de género en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de responder a sus necesidades en todo el país.
El presidente de la comisión, el diputado Jaime Genaro López Vela, del PVEM, señaló que se dará prioridad a las mujeres trans, al advertir que enfrentan mayores niveles de violencia. Como ejemplo, mencionó los tres transfeminicidios registrados en días recientes y llamó a fortalecer las acciones institucionales dirigidas a proteger a esta población.
El legislador también destacó la necesidad de establecer un nuevo modelo de atención al VIH, debido a que la pandemia continúa presente y afecta de manera particular a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. Aseguró que la comisión dará seguimiento a la integración del presupuesto para que estas necesidades sean consideradas.
López Vela recordó que el pasado 15 de octubre se presentó en San Lázaro el Anexo 33, instrumento que reúne acciones transversales del Gobierno Federal para atender distintas condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta comunidad. Detalló que contempla alrededor de 43 mil millones de pesos distribuidos entre 29 instituciones federales.
Por otra parte, la Comisión de Diversidad aprobó, con seis votos a favor, un dictamen para solicitar a las 32 fiscalías estatales que adopten el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual y de género. La propuesta plantea fortalecer la actuación de las instituciones de procuración de justicia conforme a estándares y recomendaciones internacionales, así como prevenir prácticas discriminatorias y garantizar condiciones de igualdad durante las diligencias.
La diputada María Damaris Silva Santiago, de Morena, promovente del punto de acuerdo, sostuvo que no puede garantizarse un acceso efectivo a la justicia mientras persistan prácticas discriminatorias contra esta población dentro de las instituciones encargadas de protegerla. Añadió que la homologación permitirá establecer criterios comunes, fortalecer las investigaciones y asegurar un trato respetuoso de los derechos humanos.
