La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular por unanimidad de 419 votos la reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en materia reclutamiento criminal.
El proyecto establece penas por reclutamiento forzado de personas por parte de grupos delictivos entre 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a ciento cincuenta mil días de multa para quienes recluten, incorporen o induzcan a una o más personas a integrarse a estas organizaciones por medios electrónicos o cualquier otro medio.
Además, entre las agravantes, se menciona que las penas pasarán de 15 a 25 años y de diez mil ochenta mil días de multa cuando se reclute mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder.
En el documento se menciona que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado. Dentro de la justificación del proyecto, se menciona que el objeto de la modificación se orienta a proteger el interés superior de la niñez.
Organizaciones civiles advierten que no existen cifras oficiales específicas sobre el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado; sin embargo, datos del INEGI indican que entre 2021 y 2024, 899 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos relacionados con la delincuencia organizada, entre ellos homicidio, feminicidio, tráfico de estupefacientes, secuestro, desaparición forzada, lesiones, robo de vehículos y extorsión.
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano estima que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes son altamente vulnerables a ser reclutados, principalmente en el Estado de México, Jalisco, Chiapas y Puebla.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) explicó que la reforma busca sancionar a quienes recluten personas para incorporarlas a la delincuencia organizada y proteger a las víctimas. Añadió que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin esperar una denuncia, debido a que muchas personas reclutadas viven bajo amenazas, sienten temor o permanecen bajo el control de sus agresores.
La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) señaló que incorporar este delito a una ley general permitirá perseguirlo en todo el país, sin importar en qué entidad ocurrió el reclutamiento o dónde fue obligada la víctima a cometer ilícitos. Sostuvo que con ello se busca impedir que los grupos criminales aprovechen los límites territoriales entre estados para evadir la justicia.
Por el PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala cuestionó que, pese a la creación de un delito específico para sancionar el reclutamiento y al establecimiento de medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, continúen registrándose hechos violentos. Como ejemplo, aludió al hallazgo de una fosa clandestina en Michoacán, donde, afirmó, se encontraron más de mil 600 dientes de leche.
A nombre del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Liliana Carbajal Méndez, advirtió que la vulnerabilidad de las personas no debe convertirse en una oportunidad para que los grupos criminales amplíen sus estructuras mediante el engaño, la intimidación o la violencia. Subrayó que niñas, niños y adolescentes no deben ser utilizados como instrumentos para la comisión de delitos.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) explicó que la modificación a la Ley General en materia de trata de personas permitirá perseguir este delito de oficio, fortalecer la atención a las víctimas y garantizar el interés superior de la niñez. Advirtió que los grupos criminales recurren a engaños, falsas ofertas de empleo y redes sociales para captar a jóvenes y obligarlos a realizar actividades delictivas, lo que puede derivar en desapariciones, tortura y homicidios.
El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del PRI, señaló que el crimen organizado aprovecha la pobreza, el aislamiento, los engaños y las falsas ofertas de empleo para captar a niñas, niños y adolescentes, y citó estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF que ubican entre 145 mil y 255 mil los menores en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Pablo Vázquez Ahued sostuvo que combatir el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y adultos por parte del crimen organizado es fundamental tanto para proteger a las víctimas como para frenar la expansión de estas organizaciones. Destacó que la reforma permitirá establecer un marco para que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales asuman sus responsabilidades en la investigación y persecución de este delito.
