La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, con 281 votos a favor, 87 en contra y cero abstenciones. El dictamen quedó avalado en sus términos.
Los cambios actualizan las sanciones por violaciones a los derechos de propiedad intelectual, amplían los mecanismos para reparar los daños y modifican los criterios para perseguir estas conductas. Entre las medidas destaca el uso del concepto de escala comercial, que permitirá considerar no solo las ganancias económicas directas, sino también el perjuicio significativo ocasionado a los titulares de los derechos.
Dentro de la reforma se establece penas de cuatro a diez años de prisión y multas de dos mil a 20 mil días para quienes, sin autorización, difundan obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de la fecha en que puedan distribuirse legalmente en México.
Asimismo, contempla de tres a siete años de cárcel y multas de mil a diez mil días para quienes, a escala comercial y de manera consciente, eliminen o modifiquen información relacionada con la gestión de derechos de autor sin contar con autorización.
En cuanto a la reparación del daño, el monto no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado. Además, las víctimas podrán optar por una compensación de entre 340 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para fijarla, se deberán considerar factores como la difusión de la conducta, sus efectos en la explotación normal del derecho y la magnitud del perjuicio o del beneficio económico estimado.
En materia de propiedad industrial, los cambios actualizan los delitos vinculados con la falsificación de marcas e incorporan nuevas conductas sancionables. Entre ellas, se incluye el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de elementos gráficos institucionales, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, cuando se utilicen para engañar sobre el origen oficial de comunicaciones, plataformas, servicios o sistemas informáticos.
En su posicionamiento, la diputada de Morena Rafaela Vianey García Romero aseguró que las reformas buscan armonizarla con los compromisos del Tratado de Libre Comercio. Rechazó que los cambios representen censura y aseguró que su bancada respalda la libertad de expresión, incluidos los memes, por lo que sostuvo que las modificaciones no impedirán que la ciudadanía se exprese.
En contraste, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) advirtió que la reforma podría convertirse en un mecanismo de censura para la población. Cuestionó que no se incluyan garantías expresas para proteger al periodismo y los memes, y alertó que el riesgo no se limita a una posible condena, sino también a las denuncias y al temor que pueden llevar a los ciudadanos a guardar silencio.
Por su parte, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, aclaró que la propuesta no busca sancionar el contenido de periodistas o caricaturistas, sino castigar la suplantación, el engaño y el uso no autorizado de elementos que aparenten pertenecer a instituciones gubernamentales. Explicó que también se tipifica la utilización, reproducción o imitación, a escala comercial, de dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas.
Al defender la libertad de expresión, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) sostuvo que los memes, la sátira, la caricatura política y la crítica ciudadana están protegidos por los artículos sexto y séptimo de la Constitución. Afirmó que estas libertades no están en discusión y señaló que ninguna persona debería temer por hacer un meme, cuestionar al poder o criticar a quienes ocupan cargos públicos.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar señaló que el combate a la piratería debe acompañarse de garantías claras para el periodismo, la parodia, la caricatura y la crítica política. Pidió precisar la redacción de la reforma para evitar que se utilice como pretexto para perseguir políticamente o intimidar a quienes cuestionan al gobierno, y aclaró que su partido no defiende a quienes falsifican páginas para cometer delitos.
Finalmente, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta representa un riesgo para la libertad de expresión y criticó que se recurra a penas de prisión sin justificar suficientemente su necesidad, pues, advirtió, podría inhibir la actividad de creadores, moneros y caricaturistas.
