Con 75 votos a favor y 34 en contra, la Ley de Ingresos para 2027 fue aprobada en lo general por el Senado de la República. En lo particular, se logró 73 en pro y 33 en contra, por lo que quedó en sus términos y fue enviada al Ejecutivo Federal.
El dictamen proyecta recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. Además se estima que la principal fuente de recaudación serán los impuestos, con una estimación de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos.
La legislación autoriza al Ejecutivo Federal a contratar deuda interna por hasta un billón 700 mil millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos de 2027. Para Petróleos Mexicanos se establecen límites de endeudamiento neto de 160 mil 619.5 millones de pesos en el mercado interno y 5 mil 259.4 millones de dólares en el externo.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se autorizó un endeudamiento neto de hasta 16 mil 742 millones de pesos en el mercado interno y 725 millones de dólares en el externo.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez (Morena) explicó que el 58.9 por ciento de los ingresos estimados para 2027 provendrá de la recaudación tributaria. Detalló que se prevén 3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos por ISR, un billón 768 mil 717.3 millones por IVA y 828 mil 256 millones por IEPS.
Al defender el proyecto de ingresos, el senador Francisco Chíguil Figueroa (Morena) aseguró que el financiamiento público se reduce de manera responsable y que la deuda mantiene una trayectoria estable. También sostuvo que la política fiscal elimina privilegios y exige a los grandes contribuyentes cumplir con sus obligaciones.
La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, cuestionó el impacto de la política fiscal en la población y advirtió que podrían aumentar los cobros por servicios de salud sin que exista garantía de mejores hospitales, medicamentos o salarios para el personal médico. Acusó al gobierno de buscar mayores ingresos a costa de los ciudadanos, pese a las carencias del sistema sanitario.
Por su parte, la senadora María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) pidió que la política fiscal coloque a las personas en el centro y no se mida únicamente por la recaudación. Señaló que también debe evaluarse por su capacidad para garantizar derechos y servicios públicos, especialmente para las familias que necesitan atención médica cercana.
Al referirse al régimen fiscal para pequeños negocios, la senadora Lizeth Sánchez García (PT) destacó que más contribuyentes podrán acceder o permanecer en este esquema si cumplen los requisitos. Explicó que las facilidades previstas buscan simplificar las obligaciones fiscales de los negocios y favorecer su crecimiento y la inversión productiva.
En contra de los cambios fiscales, la senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) criticó los límites a las deducciones empresariales. Advirtió que una empresa podría registrar pérdidas y aún así tener que pagar impuestos como si hubiera obtenido ganancias, por lo que calificó la medida como un impuesto mínimo disfrazado.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que las proyecciones de ingresos puedan cumplirse y afirmó que no existen garantías suficientes para alcanzar la recaudación estimada. Además, sostuvo que el paquete fiscal implica un mayor endeudamiento para las y los mexicanos.
