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Senado aprueba Ley Federal de Derechos 2027
30 de octubre de 2026

Senado aprueba Ley Federal de Derechos 2027

Senado de la República75 vistas

La Ley Federal de Derechos, que actualiza las cuotas por el uso y aprovechamiento de bienes y servicios de la nación, fue aprobada en el Senado de la República con 75 votos a favor y 34 en contra en lo general, y 73 votos a favor y 33 en contra en lo particular, por lo que fue enviada al Ejecutivo Federal en los términos del dictamen.

Entre los cambios se mantiene la autorización para el uso secundario de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, destinadas a cubrir necesidades de comunicación en actividades comerciales, industriales o eventos específicos.

También se establece que las personas mexicanas y extranjeras residentes en el país no pagarán derechos por ingresar los domingos a áreas naturales protegidas que cuenten con museos, monumentos o zonas arqueológicas. 

En materia ferroviaria, se conserva el esquema de cobro durante los primeros 15 años de vigencia de las concesiones; los ajustes se aplicarán a aquellas que ya alcanzaron una etapa de mayor madurez.

La reforma también contempla actualizar las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano, que permanecían sin cambios sustanciales pese al aumento de los costos de operación, mantenimiento y modernización de los servicios de navegación aérea.

Al presentar el dictamen de la Ley Federal de Derechos, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que la propuesta busca actualizar las cuotas que cobra el Estado por servicios y por el uso, goce y aprovechamiento de bienes del dominio público.

Señaló que los ajustes abarcan servicios migratorios, certificaciones sanitarias, agua, protección ambiental, telecomunicaciones, supervisión financiera, servicios consulares, espacio aéreo y bienes vinculados con el sistema ferroviario. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió el paquete económico para 2027 al señalar que busca mantener la estabilidad financiera y traducir el crecimiento en bienestar para las familias.

Al posicionarse por Morena, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández señaló que el proyecto permitirá garantizar los derechos sociales, fortalecer la economía y distribuir de manera justa las obligaciones fiscales. Destacó que se estiman ingresos por 10 billones 636 mil millones de pesos, sin incrementar las tasas generales del ISR ni del IVA.

La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) rechazó el dictamen  al considerar que incrementan los cobros sin garantizar mejores servicios públicos. Cuestionó las restricciones a las deducciones fiscales y propuso que el aguinaldo quede libre de impuestos.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, la senadora María del Rocío Corona Nakamura respaldó el marco financiero del Gobierno Federal y destacó la importancia del Plan México y los polos de desarrollo, aunque subrayó que los resultados dependerán de la ejecución y de la calidad del gasto. También resaltó la actualización de los servicios migratorios ante el incremento de visitantes internacionales. 

Por el PRI, la senadora Cristina Ruiz Sandoval cuestionó que el Gobierno Federal solicite hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno, pese a los ahorros que aseguró haber generado la administración anterior. Exigió aclarar dónde quedaron esos recursos y qué ocurrió con los casos de presuntos desfalcos..

La senadora Lizeth Sánchez García (PT) respaldó el proyecto de la Ley Federal de Derechos al considerar que busca fortalecer las finanzas públicas con justicia social. Destacó la ampliación de los límites de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza, de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales. 

El senador Néstor Camarillo Medina (MC) señaló que esta situación se refleja en la falta de medicamentos, las carencias del sistema de salud y las necesidades de educación y seguridad. Advirtió que la carga fiscal y las exigencias para utilizar medios de pago digitales pueden presionar a comerciantes y emprendedores, e incluso incentivar la informalidad.

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