El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, compareció ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia de la Cámara de Diputados para explicar las presuntas irregularidades detectadas en el organismo durante las últimas administraciones del órgano electoral.
Durante la reunión el titular de la OIC del INE informó que, desde mayo de 2025, el órgano a su cargo tiene registrados 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción: 13 continúan en investigación y cinco se encuentran en procedimientos de responsabilidades. Por estos casos, precisó, cinco servidores públicos han sido sancionados. Entre las conductas investigadas mencionó conflicto de interés, desvío de recursos, simulación en licitaciones, abuso de funciones y daño patrimonial.
El funcionario sostuvo que los casos que han trascendido públicamente representan apenas el cuatro por ciento del universo de contratos que deben revisarse, por lo que advirtió que aún falta fiscalizar el 96 por ciento restante. También señaló que cinco empresas con presuntos vínculos entre sí han concentrado históricamente el mercado de materiales electorales, con posibles prácticas de manipulación de precios e investigaciones de mercado.
Aclaró que esta situación no se limita al INE, sino que también se presenta en organismos públicos locales electorales. Mencionó el contrato otorgado a la empresa “JVLY” por 48 millones 569 mil 782 pesos para implementar el sistema de voto electrónico por internet de mexicanos residentes en el extranjero. Carvente explicó que uno de los focos de alerta fue que la compañía, dedicada históricamente al suministro de material electoral, recibiera un contrato para prestar un servicio integral de tecnología electrónica.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) encabezó los trabajos de la comparecencia. Afirmó que la comparecencia no representa una persecución contra nadie, pero tampoco será un simple trámite, pues corresponde al Poder Legislativo vigilar a quienes supervisan el uso de los recursos públicos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja(PT), sostuvo que no se trata de encubrir a Guadalupe Taddei ni a su círculo cercano, y advirtió que, si existieron irregularidades, deben fincarse responsabilidades administrativas y penales. También señaló que las ramificaciones del presunto oligopolio de materiales electorales están arraigadas en el sistema electoral.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) exigió que se investigue a Guadalupe Taddei y afirmó que, de comprobarse responsabilidades, debe enfrentar consecuencias penales. También pidió explicaciones a los anteriores titulares del Órgano Interno de Control del INE y de la Auditoría Superior de la Federación, al señalar que el presunto sistema de electoral de impunidad se habría construido desde hace años.
Por Acción Nacional, la diputada Kenia López Rabadán pidió al titular del Órgano Interno de Control investigar los señalamientos y llegar hasta las últimas consecuencias. Cuestionó que la red de presunta corrupción se conociera por investigaciones periodísticas y no por el trabajo del órgano fiscalizador. Por ello, criticó que no se hubiera advertido oportunamente sobre las irregularidades.
El diputado Ricardo Madrid Pérez (PVEM) señaló que las presuntas irregularidades en el mercado de materiales electorales no comenzaron en 2025, sino que, de acuerdo con su planteamiento, se han repetido durante varios años. Sostuvo que la investigación debe considerar tanto los hechos recientes como los antecedentes, sin limitarse a distinguir entre administraciones pasadas y actuales.
Al posicionarse por el PRI, el diputado Emilio Suárez Licona cuestionó que los informes semestrales del Órgano Interno de Control, entregados al Consejo General del INE y a la Cámara de Diputados, no incluyeran los hechos que posteriormente se conocieron a través de los medios de comunicación ni los señalamientos expuestos durante la comparecencia.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) solicitó una mayor precisión para conocer a los servidores públicos que ocupaban cargos directivos o tenían facultades para autorizar, adjudicar, administrar o supervisar contratos. Señaló que las investigaciones involucran a funcionarios en activo, exservidorespúblicos, particulares y empresas.
La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC) entregó al titular del Órgano Interno de Control un reportaje periodístico para solicitar que se abra una investigación sobre posibles irregularidades dentro del propio órgano. Expuso que, según la publicación, a trabajadores de distintas áreas se les exigirían pagos mensuales de hasta 14 mil pesos en subdirecciones y siete mil pesos en jefaturas de área, por lo que pidió esclarecer estos señalamientos.
