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El llamado Plan B hace referencia a la reforma electoral a leyes secundarias en la materia propuesta por el titular del Ejecutivo Federal que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Comunicación Social, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El proyecto fue aprobado por el Senado de la República en dos partes; el primero el 14 diciembre de 2022 y el segundo el 23 de febrero de 2023, en él se presentaba cambios al Sistema Nacional Electoral que impactaban en materia de justicia electoral, garantía al voto de personas en prisión preventiva, además de la eliminación de personal especializado.
En este sentido, el Plan B planteaba la remoción adelantada del titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), la eliminación de la Junta General Ejecutiva, además de eliminar cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales, sustituyéndola por una figura a cargo de estas funciones; por otra parte, generaría la supresión de 20 por ciento de las casillas en cada distrito.
El planteamiento de dicha reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022 (primera parte) y el 02 de marzo de 2023 (segunda parte).
Posterior a la presentación de diversas denuncias de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidas dos reformas a las primeras leyes aprobadas el 08 de mayo: Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Sala Superior consideró que la fracción mayoritaria en el Congreso de la Unión incurrió en violaciones al debido proceso legislativo declarándola una acción de inconstitucionalidad. Las y los magistrados señalaron que fuerzas políticas desconocían el contenido del proyecto pues no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día anterior.
La segunda parte del Plan B fue invalidado el 22 de junio de 2023 al considerar que ambas Cámaras incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo. Mientras que en lo relativo al estudio de fondo se afirmó el concepto de invalidez e incluso observaron la falta de consulta tanto de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como a personas con discapacidad.
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