Diputados avalan la Ley Nacional de Ejecución Penal

La Cámara de Diputados avaló el dictamen que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece procedimientos que deben observarse durante el internamiento en prisión, ya sea de manera preventiva o cuando se pague una sentencia.

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Diputados avalan la Ley Nacional de Ejecución Penal

La Ley Nacional de Ejecución Penal garantiza un régimen disciplinario interno claro y respetuoso del debido proceso. El dictamen, que se turnó al Ejecutivo para su publicación, propone medidas alternativas de solución de controversias, distintas a la pena de prisión.

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Se establecen bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estas bases serán elementos esenciales del Plan de Actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios.

Otorga a las personas privadas de su libertad la posibilidad de acceder a acciones y recursos tanto en materia administrativa u jurisdiccional para que se garantice el respeto a sus derechos mientras dure su internamiento.

El dictamen reconoce derechos a diversos grupos vulnerables sometidos a proceso penal. Se indica que las mujeres privadas de la libertad que estén embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario o en caso de no contar con las instalaciones o con personal médico, la atención garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.

Entre otros derechos a las mujeres privadas de la libertad, en los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente.

Sobre la vida de los internos dentro de las cárceles, contempla permisos humanitarios de salida, por situaciones específicas; fomenta el trabajo dentro de prisión en tres modalidades: autoempleo; actividades productivas como medio de rehabilitación; y actividades productivas a cuenta de terceros.

También prevé beneficios de libertad anticipada y libertad condicionada con mecanismos transparentes y objetivos que evitarán discrecionalidad y corrupción. Se establecen procedimientos para todo el proceso penal, desde las policías procesales, pasando por los Ministerios Públicos, los jueces de Ejecución, hasta las autoridades que supervisan la libertad.