El Senado de la República inició las Audiencias Públicas, donde participaron más de 20 especialistas, quienes se pronunciaron sobre los temas "Interés legítimo y suspensión" y "Plazos y consecuencias por su incumplimiento y juicio de amparo digital".
A nombre de las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, el senador Javier Corral Jurado (Morena) subrayó que el amparo es un instrumento que funge como defensa de la ciudadanía frente al poder. Detalló que cualquier reforma en esta materia debe cumplir con transparencia y pluralidad para atender reglas de suspensión, plazos procesales y cumplimiento de las sentencias.
Al presentar su posición sobre la reforma a la Ley de Amparo, el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, detalló la importancia de ampliar las causas para negar la suspensión.
Mencionó que la iniciativa incluye apartados cambios que generan afectaciones como es la prohibición para suspender actos que emprenda la Unidad de Inteligencia Financiera y actividades relacionadas con lavado de dinero.
El abogado postulante Ulrich Richter Morales Explicó que la iniciativa plantea adicionar un nuevo párrafo segundo a la fracción I del artículo 5, referente al interés legítimo. Subrayó no representa una medida restrictiva ni transgrede la jurisprudencia vigente, además que tampoco limita los derechos de quienes promueven la defensa del medio ambiente, de los consumidores o de integrantes de la comunidad LGBT.
En contraste, la profesora de la Escuela Libre de derecho, Luisa Conesa Labastida, mencionó que la iniciativa pretende asemejar el interés legítimo con el interés jurídico por lo que se constriñe el acceso. Mencionó que el interés legitimo forma parte de un colectivo y de la sociedad, razón por la que si se retira se quita el acceso al amparo en sentido popular.
El presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, Carlos Cuenca Dardón, consideró que uno de los principales temas que el proyecto considera es la solicitud de los juicios de amparo por medios digitales. Aseguró que la evolución de las leyes es un tema vital para lograr que se ajusten a la cotidianidad de las personas.
Por su parte, Claudia Aguilar Barroso, socia directora de Aguilar Barroso y Asociados, recalcó la cercanía de la relación entre el amparo y los derechos humanos.
Mencionó que estos conceptos se encuentran cercanos en su aplicación como mecanismos garantistas del acceso a la justicia.
El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Benjamín Canela Manzo, mencionó que la propuesta permitirá el acceso al amparo de forma eficiente y transparente, a través de medios como los expedientes electrónicos.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, José Ángel Santiago Ábrego advirtió que la noción de “interés público” planteada en el proyecto podría derivar en que los jueces nieguen suspensiones cuando se trate de programas de gobierno o asuntos fiscales, bajo el argumento de que afectan a la colectividad.
La magistrada en retiro Fabiana Estrada Tena resaltó que la iniciativa da respuesta a problemas prácticos en la tramitación del amparo y precisó que en el ámbito de justicia digital se contemplan plazos más claros, lineamientos sobre recusaciones y criterios para la suspensión.
En tanto, la magistrada Ileana Moreno Ramírez sugirió afinar la redacción en lo relativo al interés legítimo, para que su aplicación no genere incertidumbre, mientras que Gerardo Carrasco Chávez, de Soledad & Carrasco Abogados, advirtió sobre la polarización que ha generado el tema y pidió un debate técnico que permita arribar a consensos.
Por su parte, Movimiento Ciudadano realizó un parlamento abierto alterno, donde se dieron cita a sectores involucrados en materia de amparo y quienes detallaron el papel de esta figura jurídica para combatir los abusos de poder y la protección de la ciudadanía.
En su oportunidad, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) consideró que escuchar voces diversas fortalecerá la propuesta, además que apertura espacios diversos donde se pueden expresar voces expertas de manera detallada.
El Investigador de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ernesto Villanueva aseveró que la reforma acorta plazos de 90 a 60 días. Consideró que estos cambios generan un mayor con menos tiempo el juez de atender las solicitudes para emitir esa figura.
